Cali: la ciudad que se rescató a sí misma

Un mes después del terremoto, el alcalde De Cali confirmó 150 personas muertas, más de 1.500 heridas, y un registro de 45.139 familias como víctimas del desastre. El Puesto de Mando Unificado (PMU) de la ciudad reportó 769 edificios clasificados como no habitables, con 475 más en uso restringido. Más de 52.000 familias fueron evaluadas para recibir ayuda de emergencia.

20.000 familias siguen fuera de sus hogares, muchas en albergues temporales o con familiares. El edificio María Mercedes Lloreda en Cuarto de Legua fue demolido. La reconstrucción tomará años. El alcalde de Cali lo ha descrito como un “maratón de cuatro años”.

Pero las cifras no capturan lo que pasó en las primeras 48 horas.

Cuando la tierra dejó de temblar, el aparato formal de rescate —los militares, la defensa civil, los equipos internacionales de búsqueda y rescate— necesitó tiempo para movilizarse. En esas horas cruciales, antes de que llegara la maquinaria pesada, las primeras personas cavando entre los escombros del sur de Cali no eran funcionarios del Estado.

Eran la Primera Línea.

¿Quién es la Primera Línea?

Para los lectores en el extranjero que nunca han oído hablar de ellos, la Primera Línea es un nombre que carga un peso inmenso en Colombia. Surgieron durante el paro nacional de 2021, una ola masiva de protestas contra la desigualdad, la brutalidad policial y una reforma tributaria que habría golpeado más fuerte a los trabajadores pobres. La Primera Línea estaba formada por jóvenes —estudiantes, trabajadores, residentes de los barrios pobres y de clase trabajadora de Cali como Siloé y Aguablanca—. Estaban en la primera línea de las protestas, a menudo con escudos improvisados, enfrentando gases lacrimógenos y munición real.

Después, fueron criminalizados y estigmatizados por el establishment político y económico. Los llamaron violentos, vándalos, terroristas. Sus rostros fueron pegados en carteles. Muchos fueron arrestados, algunos asesinados. Las élites de la ciudad, que vivían detrás de los muros de los barrios exclusivos del sur, los veían como una amenaza al orden.

Luego, en 2022, esos mismos jóvenes ayudaron a llevar a Gustavo Petro a la presidencia, votando en números masivos por el primer gobierno de izquierda en la historia moderna de Colombia. Cali se convirtió en un símbolo de ese cambio político —una ciudad donde los pobres y los jóvenes decidieron que sus votos podían cambiar la historia nacional.

El 10 de agosto de 2026, la tierra sacudió la ciudad de nuevo. Y la Primera Línea volvió a salir.

Los rescatistas que el Estado olvidó

Un reportaje de El País (España) a finales de agosto documentó lo que pasó en los días posteriores al terremoto. Frente al edificio colapsado Ana Paula en el barrio de clase trabajadora Cuarto de Legua, un funcionario de la ciudad estimó que al menos la mitad de los voluntarios que cavaban entre los escombros eran personas que habían sido parte de la Primera Línea.

Fueron a los barrios más acomodados. Fueron a los edificios que se habían derrumbado en el sur de la ciudad —el mismo sur que los había mirado con sospecha apenas unos años antes—. No esperaron al gobierno. No pidieron permiso. Metieron las manos en los escombros y sacaron a la gente.

Este no es un detalle menor. Es el centro moral de la historia del terremoto en Cali.

Los jóvenes que habían sido tratados como criminales por la élite de la ciudad ahora estaban salvando las vidas de esa misma élite. Los barrios pobres que el Estado había abandonado históricamente fueron los primeros respondedores de toda la ciudad. La Primera Línea, antes símbolo de protesta, se convirtió en símbolo de solidaridad sin condiciones.

El monumento que prometieron destruir

Pero hay otra parte de esta historia que no se puede ignorar.

La Primera Línea construyó un monumento. Se alza en el sector de Puerto Resistencia, en el oriente de Cali: una escultura de 9,5 metros que representa un antebrazo izquierdo en alto, construida en 16 días por cerca de 200 personas utilizando materiales reciclados y donaciones de la comunidad. Fue inaugurado el 13 de junio de 2021 y adornado con los nombres y rostros de las víctimas de las protestas.

Para las comunidades del oriente de Cali, es un símbolo de memoria, dignidad y resistencia.

Para la administración actual, es otra cosa.

La nueva administración en Colombia convirtió la destrucción del monumento en una promesa de campaña. Declaró: “El 7 de agosto voy a derribar esa chatarra que hicieron esos vándalos de la Primera Línea”, calificándolo de “oda al terrorismo y al vandalismo”.

En julio de 2026, colectivos sociales marcharon hacia el Centro Administrativo Municipal de Cali exigiendo que el monumento fuera protegido como patrimonio cultural nacional. Advirtieron que el proceso burocrático llevaba más de siete meses estancado, un retraso que consideran intencional para permitir que la nueva administración entrante cumpliera su promesa.

“Ni siquiera queremos pensar en que la nueva administración en Colombia derribe el monumento”, dijo un líder. “Somos muchos y lo defenderemos; primero pacíficamente y mediante la movilización social”.

La Procuraduría también intervino, respaldando una acción legal que argumenta que la licencia de construcción del monumento se otorgó después de que este ya había sido construido, lo que lo convierte, a ojos del denunciante, en una obra ilegal.

Una ciudad que sabía cómo responder

La respuesta de Cali fue buena porque la gente ya tenía experiencia. La ciudad había soportado el paro de 2021, la pandemia y años de tensión social. Su gente sabía organizarse. Las ollas comunitarias, las redes vecinales y los colectivos juveniles que se habían formado durante el paro se convirtieron en la columna vertebral del esfuerzo de rescate.

El PMU de la ciudad reportó que al final del primer día, 88 personas habían sido rescatadas con vida de los escombros. En las semanas siguientes, esa cifra creció, pero esos primeros rescates —los hechos a mano, por vecinos, por la Primera Línea— salvaron vidas que el conteo oficial quizás nunca habría alcanzado.

Los daños que quedan

Un mes después, Cali sigue siendo una ciudad en recuperación. 20.000 familias permanecen fuera de sus hogares. El edificio María Mercedes Lloreda en Cuarto de Legua ha sido demolido. La reconstrucción tomará años. El alcalde Éder lo ha descrito como un “maratón de cuatro años”.

Pero la historia de la Primera Línea es un recordatorio de que incluso en los peores momentos, la gente de Cali no esperó a ser salvada. Se salvaron entre sí.“Pueblo Salva Pueblo”